En el 2024, el PIB creció 3,1%, explicado en gran medida por la reversión de dos shocks negativos que afectaron la economía durante el 2023, la sequía y el cierre parcial de la brecha de precios con Argentina. Con este dato se cierra el quinquenio 2020-2024, durante el cual la tasa de crecimiento anual promedio de la economía fue de 1,4%. Considerando que en el período 2015-2019 el crecimiento promedio anual fue de 0,9%, podemos afirmar que Uruguay cierra una década de bajo crecimiento con aceleración durante el período 2020-2024. Los promedios son ampliamente utilizados, pero pueden pasar por alto eventos importantes y que son centrales a la hora de hacer un análisis profundo. En efecto, es justo remarcar que el quinquenio 2020-2024 estuvo marcado por shocks exógenos negativos que impactaron fuertemente en la actividad económica. En concreto, en el 2020 el PIB cayó 7,3% por el efecto de la pandemia y en el 2023 creció un magro 0,6% como consecuencia de la sequía. Más allá de la aritmética, el crecimiento económico es fundamental, porque en ausencia de este, todas las restricciones se vuelven más duras. lo que agudiza los trade-off. En términos fiscales, la recaudación se ve menguada y esto obliga a ser más cautos a la hora de definir el volumen y la dirección del gasto público. La deuda comienza a volverse más pesada en términos del PIB, como por ejemplo sucedió en el 2020. En el mercado laboral, crece la tensión entre salario real y empleo. Si los salarios reales aumentan por encima de lo que crece la economía, se terminan pagando con más desempleo. Esto último fue claro en el período 2015-2019, en dónde se destruyeron aproximadamente 55.000 puestos de trabajo mientras que el salario real crecía. Por lo tanto, la pregunta del millón es ¿cómo hacemos para crecer más?, lamentablemente no hay una receta universal pero sí algunos ingredientes que no pueden faltar. En términos macroeconómicos, es necesario tener una economía abierta al mundo, inflación baja y estable, y finanzas públicas ordenadas. Estos factores son los que los economistas identificamos cuando hablamos de una macroeconomía estable. Las finanzas públicas ordenadas, aseguran al sector privado que el Estado pueda cumplir sus funciones sin ahogar a la producción con impuestos y tarifas excesivas. Al mismo tiempo, reduce el riesgo sistémico, lo que tiene un correlato en menores tasas de interés; en definitiva, el crédito fluirá hacia los procesos productivos y de consumo de la economía real. En términos de inflación, mantenerla baja y estable es la principal medida de protección de los ingresos de la población, fundamentalmente de trabajadores, jubilados y pensionistas. Al mismo tiempo, la inflación a raya permite un mayor grado de previsibilidad, lo que habilita a que el sector privado pueda embarcarse en proyectos de inversión de largo aliento. Uruguay ha avanzado decididamente en estos aspectos, desde el 2020 tenemos una regla fiscal funcionando y la inflación se encuentra dentro del rango meta desde hace 22 meses. Lo anterior ha permitido que nuestro país alcance la máxima calificación crediticia de su historia, así como el riesgo país más bajo de toda la región. Sin embargo, una macroeconomía estable no es condición suficiente para asegurar una tasa de crecimiento acelerada. En el campo de la microeconomía hay mucho por hacer a los efectos de aumentar la competitividad del país y por lo tanto sus niveles de inversión. Desde el Centro de Estudios para el Desarrollo hemos diseñado una hoja de ruta llamada “Un salto al desarrollo”, donde planteamos una serie de medidas concretas. Por un lado, proponemos aumentar la competencia en los mercados, en conjunto con la simplificación del Estado. Esto implica una revisión de la regulación vigente con respecto a las importaciones de bienes y servicios, así como la fusión de agencias y oficinas estatales que tienen cometidos similares. Por otro lado, proponemos una actualización de la legislación laboral, que permita mayor libertad a empresarios y trabajadores en pos de aumentar la tasa de empleo y la productividad del trabajo que traerá aumentos sostenibles del salario real. Reconocer la heterogeneidad del mundo laboral en las negociaciones colectivas, habilitar los descuelgues simétricos, promover regímenes de retribución variable en función de la productividad, así como reducir los aportes a nuevos empleos de baja calificación, son pilares centrales de esta propuesta. Finalmente, se hace hincapié en la necesidad de avanzar en la apertura comercial de nuestro país. En este sentido la línea central de trabajo debería ser la de buscar acuerdos comerciales más allá de los tratados de libre comercio, que lamentablemente sabemos que se vuelven muy difíciles de concretar en el esquema del Mercosur. Al mismo tiempo, se propone la reducción de aranceles, eliminación de la tasa consular y la firma de acuerdos bilaterales que eliminen la doble tributación. El histórico “Estado de Bienestar Uruguayo” necesita del crecimiento económico para sobrevivir; es ahí donde debe estar puesta la mira de la política económica. Por delante queda la tarea de mantener una macroeconomía sólida, pero fundamentalmente aumentar los grados de libertad del sector privado para invertir, comerciar y generar empleo.