La semana pasada el Poder Ejecutivo aplazó para la actual el anuncio sobre las pautas de aumentos que planteará en los consejos de salarios, un aspecto clave para el desempeño de la economía de los próximos años. De acuerdo a lo anunciado por las propias autoridades el criterio central será la aplicación de tres franjas, correspondiendo a los salarios más bajos el mayor incremento, a los del medio un aumento menor y a los más elevados se les aplicará “muy refinadamente” (Castillo dixit) la discutida desindexación. Este anuncio tiene varios problemas, que es bueno plantear ordenadamente para tratar de discutir mejor la propuesta del gobierno. En primer lugar, se sigue aplicando sin ninguna modificación y retrocediendo en algunos aspectos respecto al período anterior una regulación salarial vetusta. Se dejan de lado criterios como el nivel de actividad de los sectores de la administración anterior que vinculaba acertadamente el dinamismo económico con la posibilidad de dar incrementos salariales, por otro que simplemente toman en cuenta el nivel de salario sin importar la situación del sector o la empresa. En segundo lugar, más allá de los problemas estructurales de nuestra legislación laboral, las pautas anunciadas tienden a agudizar algunos problemas existentes. Las personas que reciben los salarios más bajos son también los trabajadores menos productivos, los que sufren mayores problemas de informalidad y los que padecen más el desempleo. Al darles el mayor incremento de salario real se puede producir el efecto contrario al buscado, vale decir, perjudicarlos, destruir empleos que pasan a ser impagables para las empresas. El voluntarismo es mal consejero en materia de política económica. Determinar incrementos al barrer sin tomar en cuenta siquiera el sector de actividad puede terminar causando un daño inintencionado, pero igualmente efectivo. Esperemos que el anuncio concreto de las pautas incluya algún otro tipo de desagregación, pero en cualquier caso parece un buen titular de prensa pero una mala idea para los trabajadores afectados. En tercer lugar, la idea aparentemente atractiva de darle mayores incrementos a los salarios más bajos y menores o nulos a los salarios más altos termina siendo contraproducente. Dejando de lado los problemas señalados anteriormente, esta estrategia lleva al achatamiento de los salarios, lo que hace que tiendan a concentrarse en el Estado los trabajadores de menor productividad (que encuentran salarios superiores a los del sector privado) y expulse a los de mayor productividad (que encontrarán mejores oportunidades fuera del sector público). Es, por tanto, un mal diseño de la política salarial y laboral del Estado, con consecuencias negativas de largo plazo, especialmente cuando este tipo de medidas se acumulan a lo largo del tiempo. En breve tendremos la propuesta concreta con los números sobre la mesa para poder analizarla con mayor detalle, pero dados los anuncios oficiales estas advertencias -que no son nada menores- ya pueden formularse. Si el objetivo es favorecer la creación de empleo y proteger a los trabajadores con peores condiciones, la mejor decisión es fortalecer su productividad y su mejor inserción laboral con reformas de impacto real y no aplicar medidas que suenan lindas pero los van a terminar perjudicando.