Recurrentemente reaparece en Uruguay la discusión sobre el costo económico de la política, y los riesgos que este tema puede generar. Surgen preguntas legítimas sobre los compromisos que los candidatos asumen con quienes aportan a las campañas o sobre la desigualdad entre quienes cuentan con más recursos y los que no. Hoy además se agrega un sano temor en la incursión del crimen organizado como eventual financiador. No tengo una posición cerrada sobre si el financiamiento debería ser enteramente público o si conviene mantener aportes privados. Pero sí creo que cambiando apenas dos reglas de juego podríamos reducir de manera drástica el costo de la política, y con ello la magnitud del problema. La primera propuesta es, quizás, la más revolucionaria para la tradición uruguaya, pero sin duda representaría un salto enorme en transparencia: la boleta única de papel, tal como se acaba de implementar en Argentina. En lugar de que cada sector deba imprimir y reponer sus listas, habría una única hoja donde figuren todos los partidos y, dentro de ellos, sus listas. Cada ciudadano marca su opción con un lápiz y deposita la boleta. Simple y transparente. Con este sistema desaparece la gigantesca industria de impresión y distribución de listas, así como la posibilidad de “jugar sucio” retirando listas adversarias de los cuartos secretos. Hoy, una lista departamental puede gastar varios cientos de miles de dólares solo para asegurar presencia en todos los circuitos. En vez de imprimir cientos de millones de listas (si cientos), la corte solo imprimiría 2,7 millones, una para cada habilitado a votar. En el caso uruguayo, donde la competencia intrapartidaria es central, bastaría con permitir que el votante marque no solo su partido sino también el número de lista. Probablemente aumentaría la cantidad de votos al lema, gente que optaría por el Partido Nacional o el Frente Amplio sin entrar a optar por una lista particular. Pero eso sería simplemente el reflejo más fiel de su voluntad. Hoy, para votar “solo al partido”, el elector necesita un grado de sofisticación que la mayoría no tiene por qué tener. La experiencia argentina muestra que este sistema reduce la influencia de los punteros y de los barones territoriales, y nivela la cancha entre partidos grandes, medianos y pequeños. Es una reforma que baja costos, mejora la equidad y fortalece la expresión genuina del votante. La segunda propuesta es más simple y más contundente: prohibir la publicidad electoral en televisión, sustituyéndola por un sistema de franjas gratuitas, como en Chile. Se eliminaría así el otro gran componente del gasto de campaña, el que hoy obliga a candidatos y sectores a dedicar meses enteros a conseguir fondos en lugar de explicar ideas. Son muchas las ventajas de que las campañas sean más baratas: mejores incentivos, se igualan oportunidades de competir, y focaliza a los políticos en su trabajo y no en recaudar. Con solo dos cambios -boleta única de papel y fin de la publicidad paga en televisión- podríamos resolver una parte enorme del problema sin crear burocracias ni complejos mecanismos de control. Podrán seguir discutiendo sobre el financiamiento; pero sería sobre un problema más pequeño y manejable para la democracia uruguaya.