España, el libro “Los hijos de los boomers” de Estefanía Molina volvió a sacudir un debate que en Europa viene creciendo desde hace años: ¿se está quebrando el pacto entre generaciones? ¿Están los sistemas económicos y de bienestar favoreciendo a quienes ya están retirados en detrimento de quienes recién empiezan? En casi toda Europa el cóctel es parecido: estancamiento económico, empleo juvenil frágil, crisis severa de acceso a la vivienda y sistemas jubilatorios muy generosos. No es bonito enfrentar a jóvenes y viejos. La respuesta marxista de turno dirá que la única contraposición válida es de clase y que el conflicto generacional es una distracción neoliberal. Pero, con niveles de gasto público altísimos cuyo principal destino es el sistema previsional, resulta inevitable que la discusión surja. El caso de la vivienda es paradigmático. Hoy es el tema número uno en casi todas las sociedades europeas. Vivir cerca del centro de una capital con un salario medio es, para muchos, imposible. En España, además, los fuertes flujos migratorios presionan la demanda. La resistencia a construir más y las malas ideas de controlar precios o restringir la oferta solo agravan un problema que golpea a personas en sus 30 y 40 años que no logran emanciparse. En Los hijos de los boomers, Molina plantea que el pacto social se ha quebrado: muchas de las oportunidades que tuvieron sus padres ya no están disponibles para la clase media joven. No se trata de demonizar a una generación ni de victimizar a otra. Es cierto que los boomers trabajaban más y tenían patrones de consumo y ocio más austeros que muchos millennials. Pero también es cierto que varios sistemas previsionales europeos privilegian a los mayores. En España, un jubilado promedio recibe un 45% más de lo que aportó durante su vida activa. En Francia, el ingreso disponible promedio de los jubilados es similar al de la población activa, algo inédito en términos históricos. La pregunta es cuánto de esto aplica a Uruguay. Algunas señales son inquietantes. Sabemos que la pobreza infantil es varias veces mayor que la de los adultos mayores. Sin embargo, el grueso del gasto social se concentra en transferencias hacia los mayores. A su vez, por cambios tecnológicos, las posibilidades de acceder a un empleo de buena calidad hoy para alguien sin calificación son significativamente menores. La política pública no parece estar abordando este drama de empleo juvenil. El debate reciente sobre la Caja de Profesionales es ilustrativo. Se les pide algún esfuerzo a los jubilados actuales, pero el mayor peso recae sobre profesionales jóvenes que deberán seguir aportando con una promesa jubilatoria mucho más baja y con la duda legítima de si el sistema existirá en 30 o 40 años. En sociedades envejecidas, es natural que los políticos respondan cada vez más al peso electoral de los mayores. Pero romper el pacto generacional no solo es injusto; también puede cimentar las bases que lo sostienen, en cuanto a crecimiento y capital humano disponible. Uruguay haría bien en observar con atención lo que sucede en Europa. No para importar un conflicto artificial, sino para evitar recorrer el mismo camino.